10 Feb PREVARICADORES

No alcanza un texto como este para enunciar todos los casos de vulneración al Derecho por quienes vienen emitiendo desde 2006 resoluciones judiciales a la medida de los intereses y órdenes del ejecutivo en Bolivia. El más bullado y reciente, el de Marco Antonio Pumari, cuya detención, sin citación previa alguna, se produjo con la invasión de la ciudad de Potosí con 2 mil policías, habiéndose vulnerado de comienzo a fin en ella y el encierro preventivo del ex presidente del Comité Cívico Potosinista en la cárcel de San Miguel de Uncía, todos los elementos integrados en la garantía del debido proceso, resultado del avance de la humanidad en la comprensión de la dignidad y los derechos de las personas como base de las limitaciones al ejercicio del poder.

A la par del atropello a los derechos de quienes el régimen considera enemigos, va la impunidad de sus dirigentes y militantes, fundamente sospechosos de la comisión de delitos de distinta clase: los que caen en el ámbito de la corrupción, de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y también los que dañan la salud y la vida. Inventario largo, como el de los prevaricadores.  Ambos de interés público, siendo tarea de primer orden de importancia llevarlos con detalle, manteniéndolos actualizados.

Tal desmantelamiento de la división de los poderes, de la independencia del judicial, se debe a una decisión tomada por quienes sin tapujos avisaron en 2006 que habían llegado para quedarse y tomar venganza. Requirió una estrategia de cambio de normas y procedimientos, aún en curso de consolidación que la ciudadanía comprometida con la democracia no debe permitir suceda en resguardo de la viabilidad del país como un Estado de Derecho en el que la convivencia entre las personas sea posible; pues el incremento de la criminalidad y la consiguiente inseguridad ciudadana se derivan del abuso de poder que señala un camino disponible para “salirse con la suya” a condición de tener los amigos indicados que garanticen la impunidad. Así como los policías rompen a patadas en horas de la noche las puertas de una sede cívica, así como se secuestra, incomunica y detiene ilegalmente a un ciudadano, sin opción de amparo en el muro del Derecho, así mismo actúan a plena luz del día los delincuentes.

Esta práctica demoledora del Derecho que pervierte la administración de justicia en mecanismo de persecución política, es típica de los regímenes de fuerza; tanto de los que se declaran abiertamente en contra de la democracia, como de los otros, los impostores untados con el maquillaje de elecciones manipuladas para ocultar las arrugas de su perversión totalitaria. En ambos casos, se somete al aparato jurisdiccional, convirtiéndolo en el instrumento más eficaz de aniquilación de la oposición y la disidencia. Es la judicialización de la política, desarrollada por el estalinismo y aplicada por todos sus seguidores, incluyendo por supuesto, a los llamados “socialistas del siglo XXI”. En ese recorrido, parafraseando a Fernando Mires, pierden significado palabras como “derecha” e “izquierda”, pues “dictadura es dictadura”.

El elemento clave de la eficacia de esta estrategia totalitaria son aquellos individuos insertados en la estructura judicial como fiscales, jueces y magistrados, cuya graduación como licenciados en derecho hace plena prueba de la debacle de la educación superior boliviana. Forman parte de una caterva descalificada, dispuesta a cumplir las órdenes recibidas sin rechistar. Sin autoestima alguna, ellos mismos fabrican las pruebas de sus delitos al consignar sus nombres y estampar sus firmas en las resoluciones y fallos contrarios a las leyes y al Derecho que les mandan pronunciar los que, aunque se sabe quiénes son, permanecen en los oscuros rincones guardándose las espaldas sabiendo que no es muy fácil probar la autoría intelectual de un delito.

Raúl Arnold Barriga Villegas, el Juez de Instrucción Penal que ordenó ilegalmente la detención preventiva de Marco Antonio Pumari, concentra hoy el perfil de los prevaricadores de Bolivia. A no olvidarlo.