Gisela Derpic | DENUNCIA: EN BOLIVIA HAY DICTADURA

22 Ene DENUNCIA: EN BOLIVIA HAY DICTADURA

Posted at 22:14h in De Escritos y otros Materiales by Gisela Derpic 0 Comments

0 Likes

En Bolivia la división de poderes fue eliminada desde la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder en 2006. El primer blanco de ataque del régimen fue el órgano judicial. Hasta el 23 de mayo de 2007 ya habían renunciado 6 de los 12 ministros de la Corte Suprema de Justicia (1), a raíz de las presiones del gobierno y sus “movimientos sociales”. Lo mismo sucedió con el Tribunal Constitucional que en 2008 quedó con un solo magistrado suplente (2).

Aprobada la nueva CPE en 2009, se eligió a los magistrados por voto universal sobre la base de listas elaboradas y aprobadas por la mayoría masista en el legislativo. Fue la vía de cooptación del órgano judicial por el ejecutivo, lo cual fue percibido por la ciudadanía porque quienes fueron integrados en las listas no cumplían el perfil idóneo para tales funciones. Por eso los votos blancos y nulos superaran por mucho a los válidos en ambas ocasiones, 2011 (3) y 2017 (4), y los elegidos tuvieron porcentajes de apoyo menores, de hasta 2,45%.

Así se conformó el aparato encargado de judicializar la política para garantizar la reproducción del poder menoscabando a la disidencia y fuerzas de oposición bajo diversas formas (5), en un contexto de franca vulneración de los derechos humanos y el debido proceso, como refiere el Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán (6).

Patentizan tal situación los casos Porvenir (7), respecto del cual se constató manipulación de pruebas (8) y Hotel Las Américas, (9) hoy investigado por la Corte Penal Internacional (10), la persecución por vía judicial convertida en mecanismo de tortura y muerte de José María Bakovic (11), Róger Pinto y Marco Antonio Aramayo (12), las detenciones preventivas, juicios casi reservados, la negación a todos los recursos legales de defensa presentados por las víctimas, el caso del médico Jhiery Fernández, condenado sin pruebas por un delito que no cometió (13), los tratos crueles y torturas en los casos de Jeanine Añez, Tonchi Bascopé, Yasir Molina, Marco Antonio Pumari, Soledad Chapetón y otros casi doscientos presos políticos, documentados por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (14) y la promulgación de leyes de índole represiva en 2010, la N°4 de lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y la N° 7 en 2010, de modificaciones al sistema penal, quebrando el modelo garantista vigente hasta entonces en el país.

El régimen cooptó también al órgano electoral, designando en calidad de vocales de éste a personas de su confianza dada su mayoría en el órgano legislativo. Paralelamente, en 2009 realizó nuevo empadronamiento producto del cual los electores aumentaron en orden del 29% en menos de un año [1]; en diciembre de 2012 el padrón tenía 5.162.395 inscritos – creció en 95.968 por año –; para las elecciones de 2014, tenía 5.971.152 inscritos; es decir, que creció en 404.378 nuevos inscritos por año y para 2019, creció algo más de un millón de nuevos votantes (15). Oscuro considerando los muchísimos casos de 100% de votos por el MAS en mesas ubicadas en regiones donde se proscribió el ingreso de otras candidaturas a hacer campaña o controlar las votaciones.

Liquidó la independencia de la Defensoría del Pueblo designando personas sin compromiso con los derechos humanos y conocidas por su militancia en el MAS, como David Tezanos (16), a las que se añaden la interina Nadia Cruz y el nuevo titular del cargo desde septiembre de 2022, Pedro Callizaya, quien ya dio muestras suficientes de su afiliación con el gobierno.

Restringió al extremo a la prensa libre comprando medios de difusión utilizando a terceros, el chantaje y sofocando otros quitándoles la publicidad estatal, aplicando persecución judicial y amenaza sobre los periodistas, aniquilando otra cualidad esencial del régimen democrático: la libertad de expresión (17), como lo denunció, entre otros, el periodista Raúl Peñaranda. En paralelo, instaló con recursos públicos una red de radioemisoras para la difusión intensiva de un discurso de odio racial y confrontación social y regional identificando un enemigo interno a muerte a derrotar mediante el “proceso de cambio”. A la red sumó una televisora, Abyayala, con equipos regalados a Morales por el régimen iraní, Telesur y dos canales estatales.

Su campaña convenció de que hacer política en otro partido distinto al MAS era indicio suficiente de ser agente del imperialismo norteamericano y la oligarquía neoliberal consolidando en los hechos una democracia degenerada de partido único hegemónico propia de los regímenes dictatoriales, negando de esta manera otros principios de la democracia: la pluralidad ideológica y de partidos.

En contra de su discurso indígena y de defensa de la “Madre Tierra”, aplicó un modelo extractivista depredador derivado en la agresión a los pueblos indígenas. Un ejemplo dramático es el del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), cuyo corazón decidió partir con una carretera vinculada con la producción y transporte de coca y sus derivados, provocando la reacción de los pueblos indígenas a los que entonces reprimió con ferocidad, como sucedió en Chaparina (2011) y en la ciudad de La Paz (2012), para citar dos ejemplos concretos. En este caso, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza dictó sentencia contra el Estado Plurinacional de Bolivia (18).

En 2017 duplicó por ley N° 906 el área de cultivo de coca hasta 22 mil Has (19), y en 2019 promulgó el D.S. 3973 autorizando quema de bosques cuya consecuencia directa ha sido el incendio de casi 5 millones de hectáreas en la Chiquitania, parte de la Amazonía, para favorecer la ampliación de los sembradíos ilegales de coca y de soya, así como las áreas ganaderas (20). No es la única norma, pues existen otras como la Ley Nº 741 o el D.S. 1578

No fueron los pueblos indígenas los únicos sectores atacados por el régimen. Los discapacitados movilizados reclamando un bono también lo fueron, brutalmente, como demuestra el documental corto “The Fight” (La lucha”) premiado en 2016 (21), testimonio de uno de los episodios más oprobiosos del abuso de poder que haya habido en el país.

El movimiento cívico del departamento de Potosí, región contribuyente fundamental a la economía boliviana, sostuvo prolongados paros en reclamo de atención de necesidades básicas y sentidas aún pendientes. En 2010 duró 19 días (22) y en 2015, 27 (23). El régimen pretendió enfrentar a la población de la capital con la de las áreas rurales, trasladando gente a dicha ciudad en decenas de buses y camiones pagados por el Estado, para provocar enfrentamientos violentos. Evo Morales nunca recibió a los dirigentes cívicos de Potosí, se mofó públicamente de sus peticiones durante 2019 provocó la ira del pueblo cuando, en medio de otro paro cívico, fue a proclamarse para las elecciones generales de octubre de dicho año y tuvo que escapar ante la reacción de la población.

En noviembre de 2021, en vísperas de la efeméride potosina, el gobernador masista promovió un hecho similar con la finalidad de impedir que la población saliera a las calles a rechazar la ley 1386 de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, cuyo contenido revelaba se trataba de un instrumento de índole política. En tales circunstancias, uno de los campesinos llevados por el gobernador, un joven de 25 años falleció al atragantarse con la coca que masticaba según se probó con fehaciencia por estudios médicos forenses. Sin embargo, la versión inmediata tejida desde el régimen fue de un asesinato protagonizado por dirigentes cívicos de Potosí, “por la derecha a fin (sic) al cruceñismo” (24). Llegó a profanar el cadáver para simular signos de violencia y justificar persecución judicial contra los dirigentes del comité cívico (25).

Los abusos derivados de la concentración de poderes encontraron una de sus manifestaciones más evidentes y radicales en los sucesos previos, simultáneos y posteriores a las elecciones generales de 2019. El inicio lo marca el referéndum convocado a iniciativa del régimen para modificar la CPE respecto del límite a la reelección pues ya no le era posible burlarlo como en 2014[2]. La opción por el NO ganó[3]. El atropello prosiguió mediante la sentencia constitucional Nº 84/2017, pieza surreal que declara inconstitucionales los artículos de la CPE que prohíben la reelección indefinida por un supuesto “derecho humano a la reelección” (29) cuya existencia ha negado la CIDH en la Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021 (30). El TSE habilito a EMA y AGL en diciembre de 2018.

Con tal antecedente se llevó a cabo las elecciones generales en 2019. En ellas se patentizó como nunca la sumisión del Órgano Electoral al ejecutivo y su servilismo a la reproducción del poder, habiendo quedado descubierto el fraude aplicado, con informe de la OEA de por medio, lo que provocó la protesta social de 21 días cuyo desemboque fue la renuncia y fuga del binomio que dirigió la comisión del delito, que se mantuvo en el poder 13 años, 8 meses y 27 días ininterrumpidamente, prueba de la eliminación de otra cualidad de la democracia, la alternancia.

El MAS provocó entonces vacío de poder haciendo renunciar a todos sus militantes en funciones jerárquicas ejecutivas y, en especial, legislativas, para propiciar la comisión de actos criminales impunes, lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre en La Paz, El Alto, Cochabamba, y la zona de Vila Vila en el camino entre Potosí y Oruro (31). Fueron sorprendidos con la ascensión transitoria a la presidencia de Jeanine Añez, 2ª vicepresidenta del Senado, vía sucesión constitucional. Se repuso la paz en diálogo facilitado por la Iglesia Católica, la ONU y la Unión Europea, testigos de lo obrado. Añez gobernó con el legislativo mayoritariamente masista, presidido por Eva Copa, militante del MAS. Las leyes sancionadas y promulgadas en aquel tiempo hacen plena prueba de ello; entre ellas, la Nº 1266 que anula las elecciones fraudulentas, cesa a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días para que el legislativo nombre nuevos. Ni siquiera pudo el gobierno transitorio desmontar el aparato de fraude electoral y en octubre de 2020 ganó las elecciones el binomio masista Arce – Choquehuanca. Nadie depuso a nadie (32).

Sin embargo, toda dictadura implica impostura. Tempranamente Morales comenzó a difundir el invento de “golpe de estado”, mentira sobre la cual se ha montado procesos espurios a cuya sombra se ha encarcelado a la expresidenta Añez y varios exministros de su gobierno, a activistas por la democracia, persiguiendo a otros muchos.

En los últimos meses ha comenzado a ejecutarse una estrategia de terror que combina acciones de grupos paramilitares auspiciados por el régimen y protegidos por la policía que actuaron en los 36 días de paro en Santa Cruz (33), represión política vía la justicia subordinada al poder contra Luis Fernando Camacho, gobernador del mismo departamento con despliegue desproporcionado de la fuerza (34) y lesionando el principio del juez natural[4], comisión de hechos delictivos por miembros acciones de fuerza policial que luego son endilgados a la ciudadanía (35).

Todo indica que la dictadura está profundizándose según el modelo de sus aliadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, integrantes todas ellas del bloque antioccidental y antidemocrático conformado por Rusia, Corea del Norte, China e Irán, bloque visible en las votaciones de la ONU respecto de la invasión rusa a Ucrania (36). No solamente eso. A los indicios de la intervención de servicios de inteligencia de estos países en Bolivia desde 2006 (37), se sumó otro reciente. Se trata del caso de Magdiel Jorge Castro, ciudadano cubano residente legal en el país, conminado a abandonarlo, bajo procedimiento dudoso, ilegal y evidencia de la participación de la seguridad del estado de la dictadura militar cubana (38).

Como ciudadanos militantes de la democracia y los derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en su defensa, denunciamos el carácter dictatorial del régimen del MAS. Lo hacemos cumpliendo uno de nuestros deberes, esperando ser escuchados solidaria y proactivamente por todos quienes son parte de esta lucha y confiamos sumarán sus voces a las nuestras.

REFERENCIAS

https://ne-np.facebook.com/lostiemposbol/posts/en-lo-que-va-del-paro-indefinido-de-santa-cruz-grupos-de-choque-afines-al-gobier/10158854606037056/

https://www.paginasiete.bo/nacional/el-drama-de-un-cubano-en-migracion-armaron-carpeta-con-tweets-sobre-la-situacion-en-cuba-para-expulsarlo-por-infringir-la-norma-boliviana-YF5722331#.Y6GydPcuKGg.whatsapp; https://fb.watch/hzsW0sj_Q0/?mibextid=2Rb1fB;

[1] En enero de 2009 se realizó el referéndum constitucional y las elecciones generales, en diciembre de ese mismo año.

[2] Según la CPE, el mandato de Morales entre 2009 y 2014 era el segundo y no podía postularse sucesivamente una tercera vez. Una sentencia constitucional dictada por sus magistrados falló en sentido de que el mandato previo a la promulgación de la nueva CPE en 2009 no se computaba. (27)

[3] El desarrollo y culminación del cómputo merece un informe especial. Una escueta nota de prensa de BBC MUNDO da pautas al respecto (28)

[4] Un DS que establece jurisdicción nacional en La Paz para delitos de terrorismo, en contra de la CPE y del Código de Procedimiento Penal. Otra prueba de la naturaleza dictatorial del Régimen.

22 Ene DENUNCIA: EN BOLIVIA HAY DICTADURA

No Comments

Post A Comment

Últimos Posts

Sígueme en Twitter!